¿Cuánto se ha gastado el Gobierno español en vacunas para la gripe A? ¿Cuál es exactamente el número de militares fallecidos en la guerra de Irak? ¿Cuál fue el presupuesto que el Ayuntamiento de Madrid invirtió en la candidatura olímpica de Madrid 2012? Todas estas preguntas obtienen la misma respuesta, el silencio. Son datos que manejan las instituciones públicas, datos que todos y cada uno de los españoles deberíamos conocer. No por necesidad, no por curiosidad, simplemente por derecho.
La ley de acceso a la información es un derecho con el que cuentan la mayoría de los países europeos. Es un derecho contemplado por la legislación internacional consistente en que toda persona puede solicitar y recibir información de instituciones públicas o privadas, que desempeñen funciones públicas. Por decirlo de otra manera, el derecho de cualquier ciudadano a tener acceso a todos los datos que rigen el desarrollo de su país, siendo éste un país democrático.
España es un país democrático. España es miembro de la Unión Europea y del Consejo Europeo, en el cual se ha aprobado el “Convenio sobre Acceso a Documentos Públicos”. Pese a todo, España sigue sin tener una ley de acceso a la información. El Gobierno español sigue privando a sus ciudadanos de información, con lo que se puede decir que estamos ante un tipo de censura gubernamental. El Gobierno español guarda celosamente estos datos públicos creando en los ciudadanos la incertidumbre de qué tienen que esconder para negarse a difundirlos. Da igual las explicaciones que se pidan al Gobierno sobre este tema, la respuesta será única: el silencio.
Bianca Ágreda
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