El mutismo de la información pública

¿Cuánto se ha gastado el Gobierno español en vacunas para la gripe A?  ¿Cuál es exactamente el número de militares fallecidos en la guerra de Irak? ¿Cuál fue el presupuesto que el Ayuntamiento de Madrid invirtió en la candidatura olímpica de Madrid 2012? Todas estas preguntas obtienen la misma respuesta, el silencio. Son datos que manejan las instituciones públicas, datos que todos y cada uno de los españoles deberíamos conocer. No por necesidad, no por curiosidad, simplemente por derecho.

La ley de acceso a la información es un derecho con el que cuentan la mayoría de los países europeos. Es un derecho contemplado por la legislación internacional consistente en que toda persona puede solicitar y recibir información de instituciones públicas o privadas, que desempeñen funciones públicas. Por decirlo de otra manera, el derecho de cualquier ciudadano a tener acceso a todos los datos que rigen el desarrollo de su país, siendo éste un país democrático.

España es un país democrático. España es miembro de la Unión Europea y del Consejo Europeo, en el cual se ha aprobado el “Convenio sobre Acceso a Documentos Públicos”. Pese a todo, España sigue sin tener una ley de acceso a la información. El Gobierno español sigue privando a sus ciudadanos de información, con lo que se puede decir que estamos ante un tipo de censura gubernamental. El Gobierno español guarda celosamente estos datos públicos creando en los ciudadanos la incertidumbre de qué tienen que esconder para negarse a difundirlos. Da igual las explicaciones que se pidan al Gobierno sobre este tema, la respuesta será única: el silencio.

Bianca Ágreda

Sortu siembra la duda

La izquierda abertzale quiere participar en las próximas elecciones municipales del próximo 22 de mayo. Lo harán, si consiguen la aprobación institucional de sus estatutos. Los portavoces dicen que Sortu no es la continuación de ningún partido político, pero todos ya la han apuntado como la “nueva Batasuna”.

Una de las características de un Estado democrático son las elecciones con pluralidad de partidos, pero también se exige que sus estatutos estén dentro de la legalidad. La duda que se presenta con Sortu es la misma que ya ocurrió con la ilegalizada Batasuna. Una duda que se refiere a que si este partido político está también ligado a la banda terrorista ETA, como ya pasara con Batasuna.

Sortu llega con aires renovadores, de ruptura y desligamiento a antiguas organizaciones de la izquierda abertzale pero no se muestra transparente. El líder del partido político Sortu, Rufi Etxeberria, ha dicho que uno de sus objetivos es el rechazo a la violencia pero, ¿la condenan?, ante esta pregunta se ha producido el silencio. Esto hace que se especule con la posibilidad de que ocultan algo. A esto hay que sumar la presencia de Jose Mari Compains como integrante de Sortu. Este abogado es el padre de tres jóvenes detenidos por su vinculación con ETA. Hace que sin todavía haber estudiado los estatutos de Sortu, mucha gente ya afirme: “son los mismos perros con distinto collar”. Y es que España ha sido durante muchos años víctima de los atentados y asesinatos de ETA, como para confiar así como así en una izquierda abertzale. 

Bianca Ágreda

Lección de fortaleza

El desencadenante fue Túnez. Allí los ciudadanos se echaron a la calle para exigir un Gobierno democrático y libertad. Consiguieron la huida de su presidente, Ben Alí, y la formación de un nuevo Gobierno. Después le ha seguido Egipto, todos los días tienen lugar manifestaciones para intentar derrocar a su líder Hosni Mubarak del poder y convocar elecciones libres. La pólvora de los levantamientos se ha extendido y en Yemen se están dando ya las primeras reivindicaciones. Jordania por su parte ha decidido adelantarse a los acontecimientos y convocar elecciones para frenar las posibles reclamaciones.

Lo que ya llaman la “ola de cambio del mundo árabe” se ha convertido en noticia protagonista durante estos últimos días. Miles de ciudadanos de estos países árabes se echan a la calle, arriesgando sus vidas, para luchar por sus derechos. Democracia y libertad es la mecha de estas manifestaciones. Desean unas elecciones libres dónde votar a alguien competente para dirigir sus países.

Estos países, en general, sufren un atraso cultural respecto a los países occidentales por culpa de sus Gobiernos corruptos. Pero también hay que decir que gracias a las nuevas tecnologías han conseguido expandirse y convocar a un mayor número de gente. En Egipto, por ejemplo, la gente ha sido congregada a las manifestaciones a través de redes sociales como Facebook y Twitter que los jóvenes se encargaban de difundir. Estamos siendo testigos de lo que podría llamarse “el mayo del 68 árabe”.

Bianca Ágreda

Los medios le declaran: ¡culpable!

José David Baño, joven activista de la extrema izquierda, fue acusado hace un par de semanas por ser el culpable de la agresión al consejero de Cultura de Murcia. Diego Pastrana fue acusado en 2009 de producir a la hija, de tres años, de su pareja agresiones físicas y sexuales que llevaron a la menor a la muerte. Estas dos personas tienen algo en común. Los dos fueron acusados de delitos que no cometieron.

En ambos casos, los medios de comunicación fueron los primeros en dar la noticia de las detenciones. Pero no solo se limitaron a informar. Lo que empezó siendo una noticia informativa se convirtió a los pocos días en un auténtico juicio mediático.

A José David Baño lo inculparon e incluso un testigo aseguró haberlo reconocido como autor de las agresiones. Con Diego Pastrana los medios fueron mucho más allá. El diario ABC, uno de los periódicos más significativos de España, fue el que llegó más lejos. En una de sus portadas aparecía una foto, que ocupaba toda la página, de Pastrana acompañada del titular “La mirada de un asesino”. Con ello, el ABC emitió una sentencia y decidió que Diego Pastrana era culpable.

¿Acaso los medios tienen potestad jurídica para emitir veredictos?  La respuesta es un rotundo no. Los medios están únicamente para informar y no para juzgar. Para ello existen los jueces, que son los únicos con legitimidad para dictar sentencias. Las personas gozan de la presunción de inocencia, que será así hasta que un juez estime lo contrario. Ningún medio de comunicación debe adelantarse a los hechos y condenar a una persona culpable de todos los delitos que se le acusan.

Bianca Ágreda